La Provincia presentará en los próximos días la pauta tributaria para el año próximo. Expectativa por el valor del Inmobiliario Rural y por la vigencia de la mera compra.
Hasta el 15 de noviembre, la Provincia tiene plazo para enviar a la Legislatura el Presupuesto general y la ley impositiva 2025, que contendrán, además de los ingresos y los egresos fiscales, la magnitud de actualización de los impuestos, incluidos los del agro.
La expectativa entre los dirigentes rurales y los productores está puesta en el nuevo valor que tendrá el Inmobiliario Rural y en qué pasará con el tributo a la mera compra, cuya entrada en vigencia está latente desde el año pasado y que ha recibido críticas desde el sector.
Si bien hasta diciembre del año pasado la mera compra -un instituto que está contemplado dentro del objeto del Impuesto sobre los Ingresos Brutos- estaba exenta para los productos primarios, la derogación de su exención la dejó en un estado latente para ser aplicada. La intención de la dirigencia es que en la nueva ley impositiva se vuelva a instaurar la dispensa.
El tributo significa que los compradores que adquieran granos en la provincia deberán tributar una alícuota de 0,75%, gravamen que se termina trasladando al precio que reciben los productores.
En la última reunión que mantuvieron los integrantes de la mesa de enlace con el gobernador Martín Llaryora no hubo demasiadas pistas en torno de la pauta impositiva para el año próximo. No se habló de montos, y mucho menos de definiciones. Solo hubo menciones generalizadas, basadas en la necesidad de mantener financiado al Fondo de Desarrollo Agropecuario (FDA), que se encarga de las obras, los proyectos y los programas del sector agropecuario.
EL FDA arrancó en 2019 con una asignación inicial de $ 4 mil millones, con el aporte del 60% de la recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural; en el Presupuesto 2024, su partida fue de $ 74.883 millones, conformado por el 90% de los fondos recaudados por el Inmobiliario Rural.
En los pasillos del Ministerio de Economía se habla de un reajuste de 120% para el impuesto a la tierra en la anualidad 2025, una magnitud que, de oficializarse, sería similar a la inflación acumulada desde diciembre pasado.
Clima de inversión, con nubarrones
En este escenario, los productores agropecuarios decidieron pisar el freno a la inversión. Un indicador nacional que confecciona periódicamente la Universidad Austral refleja el clima de negocios que avizoran los empresarios del sector.
El índice de expectativas futuras mostró en septiembre una caída del 6% en relación con la medición de julio, como consecuencia del empeoramiento de la confianza para los próximos 12 meses.
El 65% de los productores no prevén realizar inversiones en activos fijos en el próximo año calendario. ¿Las razones? Incertidumbre macroeconómica (20%), falta de financiamiento (20%), alto costo del financiamiento (16%), falta de alternativas rentables de inversión (14%) y falta de confianza en el futuro del sector (12%).
Respecto de la inversión corriente (aquella que se espera recuperar con la venta de la producción), el productor no tiene mucho margen de maniobra para eludirla, si es que quiere seguir en el sistema.
En la actual campaña agrícola, el 51% de los productores realiza sus actividades productivas en campos arrendados; y para el 70% de quienes están dentro de ese modelo de tenencia de la tierra el pago del arrendamiento constituye al menos el 40% del total de los costos de producción.
Con la dimensión adquirida por los gastos en función de los precios esperados a la cosecha, muchos planteos de producción se van a realizar con menor incorporación de tecnología, por ejemplo, nutrientes.
El clima tampoco despeja las dudas. En la encuesta que realiza la Universidad Austral, 55% de los productores esperan problemas climáticos importantes.
Debido a ello, el 41% de los empresarios agrícolas han modificado ya sus planteos productivos iniciales, mientras que un 59% no lo ha hecho hasta el presente, pero nadie les ofrece garantías.
