Las economías ilegales han ganado cada vez más espacio en el país y se estima que para este año muevan en conjunto US$ 12.645 millones, siendo la principal la minería ilegal de oro, que movería US$6.840 millones, según una estimación del Instituto Peruano de Economía (IPE) presentada por Diego Macera, director del IPE, durante la conferencia “Economía Ilegal: del problema a la política pública”, realizada por el Día de la Gestión Pública en la Universidad del Pacífico.

Además, según Macera, en una encuesta realizada por Ipsos en agosto de este año, el 45% de los encuestados reconocía a las economías ilegales como el sector que tiene más poder en el país, solo después del Congreso. Entre ellas, también se encuentran la trata de personas, el tráfico ilícito de drogas, la tala ilegal de madera, la extorsión, el contrabando, la pesca ilegal, el tráfico de terrenos, la piratería (software) y el tráfico de fauna y flora.

Al referirse específicamente al oro, anotó que los nuevos precios han hecho más rentable la actividad pues los costos de producción no han subido en la misma proporción que el precio, que hoy bordea los US$ 2.700 la onza.

TAMBIÉN LEE | Créditos informales mueven al menos S/1.780 millones al año

“En los últimos 20 años el precio del oro se ha multiplicado por 10. Eso nos da una idea del margen de incentivo para una actividad. Son márgenes enormes que empiezan a penetrar en otros tipos de minerales, como el cobre de extracción ilegal”, dijo.

Macera también resaltó que el Perú es un productor importante de oro a nivel de la región, pues produce cerca de la mitad de oro total con un destino bastante diversificado como India, Canadá, Arabia Saudita, Estados Unidos, Suiza, Reino Unido. Otros países pueden tener una proporción más alta, como el caso de Colombia, explicó, pero el monto es mucho menor.

En el evento, Gisella Aragón, jefa del Observatorio de Políticas y Gestión Pública de la Escuela de Gestión Pública, presentó el Informe de la Escuela de Gestión Pública de la UP, que habla sobre los indicadores para entender las economías ilegales en el Perú.

MIRA | Informe IPE: Pobreza urbana aumentó en todas las regiones

Sobre la minería ilegal, señaló que ha evolucionado bajo los términos del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). “El espacio que aprovecha la minería ilegal es otra oportunidad de la indefinición normativa que lo lleva a camuflarse con las minerías de pequeña escala y artesanales, donde también tenemos población con altos niveles de vulnerabilidad y que buscan oportunidades de desarrollo. El Estado debe ser esa fuente para poder proveer esos espacios y no las actividades ilegales”, sentenció.

Asimismo, anotó que las economías ilegales son dinámicas, están a la vanguardia de las oportunidades que tienen por aprovechar y el esfuerzo por cuantificarlas es arduo y una labor compleja, pues estas actividades se realizan debajo del radar y están ocultas y se hace difícil tener informacióon sobre ellas.

Aragón explicó que América Latina podría ganar mucho si al menos redujera sus índices de criminalidad. Ese cierre de brecha de seguridad permitiría llegar a tener un punto porcentual más en crecimiento del PBI.

ENCUENTRA EN ECONOMÍA | Solo tres de 25 regiones superan el 70% de ejecución: ¿se debe implementar el presupuesto por resultados?

“Más allá de los impactos ambientales, sociales e institucionales con los que vivimos día a día, nuestro país ha obtenido un alto puntaje en criminalidad y bajo en resiliencia. La criminalidad se mide bajo dos horizontes: los mercados criminales que contemplan muchas actividades y están expandidos a lo largo del territorio. [Además] el rol de los actores, con una calificación muy alta por los grupos mafiosos que intervienen en estas economías ilegales. Las redes criminales que se han formado y los actores integrados al Estado o en el Estado”, dijo.

Al explicar informe presentado en el “Día de la Gestión Pública” de la UP, Aragón señaló que los peruanos sentimos una creciente inseguridad y existe la percepción de que las actividades ilegales afectan a la economía del país y de la región de residencia.

“De hecho, percibimos que la mayoría estamos expuestos a delitos muy próximamente. El 86% de la población tiene una percepción de inseguridad muy elevada, por encima del promedio. En paralelo, nuestra confianza en promedio está en 19%. Estimados conservadores [del 2022] ubican el volumen de recursos manejados por las economías ilegales en US$ 7 mil millones anuales, lo que equivale al 3% del PBI de nuestro país”, añadió.

TAMBIÉN LEE | Tensiones en el Medio Oriente impactan precios del oro, el petróleo y el dólar, ¿qué consecuencias podría traer al Perú?

En otra reflexión del estudio expuesto por Aragón, señaló que en el país están acostumbrados a vivir en estado de alerta, tanto que los negocios incorporan los costos de la extorción, una economía ilegal que viene expandiéndose en los últimos 20 años y que afecta a los comercios y la oportunidad de crecimiento de los negocios.

Nelson Shack, excontralor general de la República y profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, afirmó que “las economías ilegales se están convirtiendo en el cáncer más importante que afecta el tejido social”. Y con ello no solo se refiere a los efectos económicos arriba mencionados, sino que, en muchos casos, las economías ilegales capturan el vértice del poder y el manejo de la regulación y la prestación de servicios.

MIRA | ¿Cómo impactarán al Perú las medidas tomadas por China para estimular su economía?

“Las estimaciones cuantitativas arrojan que el año pasado se perdió, por corrupción en la inconducta funcional, alrededor de US$ 6.400 millones. Las economías ilegales capturan áreas sensibles del Estado que emiten regulaciones y se vuelven cada vez menos ilegales. Ha pasado con el caso del Reinfo”, explicó.

En ese sentido, anotó que en el 2026 el Perú tendrá la elección más compleja del último siglo al tener que elegir a 13.200 autoridades pues, por primera vez en muchos años, se tendrá una elección nacional, regional y local junta que, probablemente, le cueste al Estado más de US$ 1.000 millones en implementación.