Como “vergonzoso” fue calificado el episodio que un grupo de turistas colombianos protagonizó en un aeropuerto de Tailandia en el que las quejas de otros viajeros por exceso de ruido provocó que la Policía los aislara en una sala especial.

Así lo dio a conocer una la colombiana Juanita Urrea, en un video que compartió burlándose del hecho en redes sociales, junto a la descripción: “Pov (Point Of View o punto de vista): nos llaman la Policía en Tailandia por bullosos y nos aíslan”.

Sin embargo, ni el video ni la actitud de su grupo cayó bien entre las más de seiscientas personas que comentaron la publicación, argumentando que no tenía nada de chistoso incumplir las normas sociales al visitar otro país.

“Cuando sales del país, pero el país no sale de ti”, “Tailandia tiene leyes muy estrictas. Lo que acá puede parecer un juego, allá no lo es”, “Por más alegres que seamos los colombianos, debemos respetar las reglas de otros países. El comportamiento de uno puede arruinar la imagen del país”, “No, pues qué orgullo”, “No le veo el chiste. No es un tema de ambiente, es de respeto”, “En Asia el silencio es fundamental, es sagrado y de mucho respeto”, “En Tailandia son muy amables y respetuosos, no les cuesta nada corresponder de la misma manera”.

Y es que en la grabación se escucha cómo imitan a los oficiales de Policía de manera burlesca y, no contentos, continúan la conversación a todo volumen: “Yo le dije, sorry, excuse me y me respondió dizque: jnefuhbefjidfbn. Ya te dije que sorry, excuse me”.

Con los oficiales acercándose nuevamente a ellos bromearon: “Documenten todo esto porque mañana transmitimos desde la cárcel” y, orgullosos, cerraron la grabación delatándose en redes: “Estamos en la sala del castigo. Somos mucho ambiente para los tailandeses, mucho voltaje. Castigados están por bullosos. No soportan nuestra alegría, envidiosos”.

Sanciones por exceso de ruido podrían ser modificadas en Colombia con proyecto de ley:

Bogotá enfrenta un creciente problema de intolerancia entre vecinos, con más de 1.600 casos reportados en el primer semestre de 2024, un incremento del 8,5 % respecto al mismo período de 2023, según la Personería y las dieciséis Casas de Justicia. Los conflictos más comunes incluyen incumplimientos en el pago de arriendos, exceso de ruido, manejo inadecuado de basuras y falta de control sobre mascotas, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Seguridad. Las localidades más afectadas son Suba (568 casos), Bosa (198), y Kennedy (133).

A pesar de esta situación, el 67 % de los ciudadanos evita reportar estos incidentes debido a la percepción de que no existen sanciones efectivas, según una encuesta del Ministerio del Interior y la firma Cifras y Conceptos.

Para abordar esta problemática, el Senado de la República ha introducido un proyecto de ley que modifica la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana), con el fin de optimizar la eficacia de los procedimientos y ajustar disposiciones relacionadas con la convivencia. Entre los cambios más destacados, se propone que las autoridades de Policía puedan utilizar todos los recursos necesarios para implementar medidas correctivas, respetando los principios de proporcionalidad y necesidad.

El proyecto modifica también el artículo 33, estableciendo que, en casos de ruido reiterado, tras agotar medidas previas, se podría disolver la reunión o actividad y decomisar los bienes causantes de contaminación auditiva. Para implementar esta medida, se contará con el apoyo de autoridades ambientales y de salud en las mediciones de ruido.

Además, se contempla una multa tipo 3, equivalente a 16 salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv), en situaciones de aglomeraciones que no sean complejas. Un comportamiento será considerado “reiterado” si se registran al menos dos procedimientos que requieran medidas policiales previas.

Presentado por los senadores Angélica Lozano y Ariel Ávila para mejorar la convivencia, el proyecto pretende también regular el acceso de las autoridades al domicilio del infractor. Para ingresar a la vivienda, se requerirá autorización judicial o una orden de la autoridad policial competente, que deberá ser presentada para legalización ante un juez en un plazo de 48 horas.