El ‘Libro Blanco para la reforma de la tributación local’ advierte de que la actual regulación de la tasa aboca a una elevada conflictividad contra los ayuntamientos en los tribunales

Rosa María Sánchez

La Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (Anihpl), reclama un cambio legal que permita que todos los ayuntamientos puedan aplicar la obligada tasa sobre residuos antes de abril de 2025 con ciertos criterios opcionales, con el fin de dotar de mayor seguridad jurídica a la nueva figura tributaria.

Según portavoces de esta asociación, la regulación de la nueva tasa quedó demasiado imprecisa en la ‘ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular‘; temen que ello dé como resultado la aplicación de criterios muy dispares entre unos ayuntamientos y otros y que, al final, se dispare una litigiosidad que acabe bloqueando la implantación del tributo.

Estos profesionales juzgan insuficiente que el Ministerio de Hacienda, de acuerdo con la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), haya publicado una guía para la implantación de la nueva tasa en cada ayuntamiento y reclaman, en todo caso, que los criterios opcionales tengan rango legal, para dotar de seguridad jurídica a una figura tributaria que está llamada a convertirse en la segunda fuente de ingresos de los municipios, por detrás del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

Según el informe ‘Las tasas de residuos en España 2023’, de la fundación catalana ENT, de carácter medioambientalista, el coste de la gestión de residuos en España asciende a 3.828 millones de euros. Este estudio calcula que los tributos que ya se aplican en los municipios cubren el 58,8% de este coste, muy lejos del 100% que exige la Ley 7/2022 para 2025. La nueva tasa debería servir para cubrir la diferencia. Así, por ejemplo, el ayuntamiento de Badalona ya ha empezado a cobrar un recargo anual de unos 100 euros por vivienda, a cuenta de la nueva tasa. En Madrid, el ayuntamiento estima que el recibo medio de la nueva tasa de residuos que pagarán las viviendas en 2025 será 141 euros y para los inmuebles de uso comercial será de 310 euros de media.

Libro Blanco para la reforma de la tributación local

Medidas para acabar con la inseguridad jurídica en torno a la tasa de basuras o la plusvalía municipal son algunas de las casi 100 propuestas que incluye el ‘Libro Blanco para la reforma de la tributación local’ que la asociación de inspectores ha presentado este viernes, en el marco de su XXIV Congreso Anual, en Granada. El objetivo de este libro blanco es la mejora integral del diseño y gestión de los impuestos y tasas locales, tributos que, en opinión de esta asociación de inspectores, “sufren desde hace varias décadas una inseguridad jurídica permanente”.

El documento, insiste en el carácter público de la actividad de inspección tributaria local y en la ilegalidad de su posible externalización; plantea una reforma de todos los tributos y tasas locales; promueve la utilización de tecnologías informáticas y telemáticas; y propone una mayor diferenciación de tipos impositivos en función de la población de los municipios. 

“No nos metemos en cuánto hay que recaudar ni cómo. Solo queremos que haya seguridad jurídica”, resuelven fuentes de la asociación de inspectores locales.

Asimismo, el texto reclama facilitar la gestión, recaudación e inspección de los derechos de naturaleza pública; solicita reforzar la obligación de compensación por el Estado de los beneficios fiscales establecidos en materia de tributos locales; y contempla habilitar a Diputaciones, Consejos, Cabildos y Ayuntamientos de población relevante o capitales de provincia para que puedan hacer efectivos sus derechos tributarios fuera de su ámbito territorial.   

Impuesto sobre Bienes Inmuebles

En el caso del IBI, el colectivo de inspectores locales propone la introducción de ajustes técnicos y la mejora de la coordinación de los mecanismos de gestión e inspección catastral y de gestión e inspección tributaria. Además, se plantea dar mayor precisión a la situación de las herencias yacentes en relación con el impuesto y se acota la división horizontal fraudulenta dirigida exclusivamente a evitar la tributación correcta de ciertos inmuebles. También se llama la atención sobre la necesidad de modificar, actualizar y unificar la valoración de dichos bienes inmuebles.

Impuesto de Actividades Económicas

En relación al IAE, el libro blanco insiste en la necesidad de actualizar su normativa, la delimitación de los sujetos pasivos, el prorrateo de las cuotas en casos de cambio de titularidad y las obligaciones formales de los contribuyentes, proponiendo algunos cambios en las instrucciones de las tarifas.

Plusvalía municipal

En el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), los cambios propuestos tienen que ver con medidas técnicas para aclarar el régimen de valoración al que se pueden acoger los ciudadanos.

Impuesto de circulación

En el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) se propone una profunda modificación del tributo dirigida a que, por una parte, se tribute con arreglo a la capacidad económica que demuestra la titularidad de un vehículo, circunstancia ahora inexistente; y por otra, se introduzca un relevante y significativo componente medioambiental que haga efectivo el principio comunitario de ‘quien contamina paga’. “No es lógico que un Ferrari que cuesta 380.000 euros pague lo mismo que un coche de 30.000 ó 40.000 euros, porque ahora no se tiene en cuenta ni la capacidad económica y la contaminación”, citan como ejemplo los inspectores locales.

Su propuesta de reforma de este tributo aborda igualmente la introducción de diversos ajustes técnicos como la exención de los vehículos destinados a extinción de incendios y protección civil o la no sujeción de los vehículos robados o sustraídos. 

Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO)

En este tributo, los cambios van dirigidos, sobre todo, a precisar ciertos aspectos que sirven para definir el hecho imponible y el sujeto pasivo que, en la actualidad, son fuente de controvertidas interpretaciones. También de la determinación de la base imponible y los elementos que la integran, así como de algunos aspectos relacionados con la gestión del tributo.